Periodismo con financiación estatal

¿Qué pasa si exigimos como gremio que haya una financiación estatal de los medios de comunicación? También les contamos sobre la nueva rectoría de la Unal + info sobre el Fondo Arenga de Temblores ONG

Hace dos semanas, El País de España publicó una noticia en la que mostraba cómo el ecosistema de las oenegés en Colombia se está quedando sin plata. La razón: la principal fuente de financiación (al menos desde el Acuerdo de paz de 2016) , la cooperación internacional, se ha volcado a Gaza y a Ucrania. Entre 2018 y 2021 entraron en promedio 1.032 millones de dólares por cooperación internacional. En 2022 hubo un repunte de 1.465 millones, pero en 2023 la cifra cayó a 441 millones.

Un panorama que es casi idéntico para el ecosistema de los medios alternativos en el país. 

El grifo se está cerrando. 

Y digo “casi idéntico” porque los medios de comunicación vienen en una crisis desde hace al menos 30 años, con la llegada de internet y de ahí no nos hemos bajado. Desde que entré a este oficio el periodismo está en crisis y uno trabaja con ese leitmotiv. Y cualquier medio pequeño sabe bien que hoy en día tiene que diversificar su portafolio y que no puede contar únicamente con una fuente de financiación. Y sabe que hay que apelar a la audiencia y hacer un trabajo de pedagogía para que cada vez llegue más y mejor el mensaje de lo obvio: alguien tiene que pagar por la información que se produce. 

Y entonces me acordé de un pedazo del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia que dice que se “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación” .

Repito: el derecho a fundar medios masivos de comunicación. 

Me pregunto si ¿no será urgente para los medios de comunicación, para los periodistas y para la propia democracia pedir un nuevo acuerdo social en torno a la información? ¿Qué pasa si exigimos como gremio que haya una financiación estatal de los medios de comunicación? ¿No debería, como en la industria del cine, existir un fondo de dinero público que se reparta de manera justa para que los medios puedan continuar con su operación? ¿Para que puedan seguir investigando y seguir creando marcos de sentido que nos permitan navegar en este mundo donde hay crisis hasta debajo del tapete?  

Si el periodismo es el cuarto poder, como a muchos les gusta repetir y repetir, ¿por qué ese poder tiene que estar enteramente desligado de la financiación estatal (con la que sí cuentan los otros tres)? ¿No es acaso injusto que se le exija al periodismo un papel importante en el juego democrático pero a la vez se le prive de financiación que le permita cumplir ese papel?

En su informe de 2022 la UNESCO señala la necesidad de encontrar soluciones y alternativas financieras para un periodismo cada vez más en los rines. La financiación estatal no es la única, ni está entre las primeras. La UNESCO habla, por ejemplo, de un cobro a las grandes empresas de tecnología (Google, Meta, etc) que desde hace más de una década se han quedado con el pastel de la pauta en todo el mundo (y han dejado, por esa vía, sin la que fuera la principal fuente de financiación de los medios). Y creo que sí, que en aras de la justicia, tiene que haber una retribución de esas grandes compañías, dueñas del dinero y de los datos, a la sociedad que pide información de calidad. 

Pero pienso en el sentido de la urgencia. 

Mientras nos inventamos la legislación que permita cobrarle a las grandes compañías de tecnología un impuesto que pague la producción de información de calidad, mientras seguimos intentando resolver el problema de la diversificación del portafolio y mientras convencemos a nuestros lectores (hola, hola) de que es importante pagar por la información que reciben –el video, el podcast, el texto no se van a hacer solitos– mientras todo eso pasa, digo, hay que hacer algo ya mismo. 

Necesitamos de un fondo público que financie el periodismo en el país y que materialice ese pedacito del artículo 20 de la Constitución. 

Sé que esta idea puede generar dudas. Yo también las tengo. ¿Qué medios podrían participar en esta bolsa de recursos? ¿todos? ¿incluidos los de Sarmiento Angulo, los Gilinski y los Santodomingo? ¿sólo los alternativos? ¿quién define lo alternativo? ¿y cómo hacer para que la repartición del dinero sea verdaderamente justa? ¿Qué experiencias nos pueden servir para pensar un modelo a la colombiana? (En Canadá, en Noruega y Francia, por ejemplo, hay mecanismos públicos para financiar el periodismo ye incluso se han fortalecido después de la pandemia). 

Siempre está el riesgo de que los gobiernos coopten ese mecanismo y los medios se vuelvan caja de resonancia del gobierno de turno. La audacia tendría que estar también en dejar un andamiaje que logre blindar al dicho fondo de los intentos de los gobiernos por hacerse con los recursos de la información. 

Pero digamos que yo no soy un creador de política pública, no me corresponde ese diseño y hay gente tanto más capacitada para hacerlo. Así como no le corresponde a una redacción conseguir recursos para hacer periodismo (en el tiempo libre que le queda). “La búsqueda constante de recursos y la formulación de proyectos resulta muy desgastante y hace muy difícil sostener los equipos por largo tiempo”, dice la directora de una oenegé en el artículo de El País y esas palabras podrían ser dichas, tal cual, por un medio de comunicación alternativo como Cerosetenta. 

No se le puede dejar el altoparlante a la mano negra del mercado. 

Santiago A. de Narváez, editor de 070

En una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario citada para ayer, jueves 6 de junio, finalmente se hizo oficial: José Ismael Peña, el rector que se posesionó ante una Notaría a comienzos de mayo y cuyo método de elección fue acusado de ilegal, tuvo que dejar su cargo en la Universidad Nacional por órdenes del Consejo Superior Universitario. En la misma sesión el cuerpo colegiado corrigió y eligió a Leopoldo Múnera, ganador de la consulta universitaria en marzo. 

¿Cuál fue la clave para que el tema se destrabara? Antes de que se eligiera a Peña usando el “método Borda”, Leopoldo Múnera solo necesitaba un voto más para lograr las mayorías en el Consejo Superior Universitario. Con el apoyo del nuevo delegado del Consejo Nacional de Educación Superior ante el CSU y el cambio de representante estudiantil, la balanza finalmente se fue del lado de Múnera, que ganó con cinco de ocho votos en una votación directa. No votaron Ignacio Mantilla, Diego Torres y Verónica Botero. 

¿Cómo queda la autonomía universitaria? Sobre el papel, la autonomía universitaria trata de defender la independencia de las universidades públicas sobre los deseos del gobierno de turno. El representante profesoral ante el CSU, Diego Torres, ha dicho que se ha atentado contra esta autonomía ya que el cambio de rector ha sido también un pedido del propio gobierno. Por su parte, el movimiento estudiantil ha reconfigurado esa definición y celebra lo que pasó ayer entendiendo que se trata de su autonomía para decidir quién toma las riendas de su propia universidad. 

¿Se podrá sostener Múnera en el cargo? Si algo ha caracterizado a esta crisis de gobernanza en la Universidad Nacional, ha sido la cantidad de recursos legales que se han impuesto. Desde la demanda de Múnera y Uprimny a la elección de rector, hasta la resolución que amparó el derecho al debido proceso de Peña. Fuentes cercanas a Cerosetenta dicen que es cuestión de tiempo para que la elección de Múnera sea demandada ya que el mismo artículo que le permitió al CSU corregir las irregularidades en la elección dice también que se le debe dar voz a terceros interesados antes de tomar la decisión, cosa que no ocurrió durante esta sesión. Por otro lado, falta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la elección de Peña. 

Desde la creación del ESMAD, hay registro de al menos 51 casos de homicidios cometidos presuntamente por miembros de esta unidad entre 1999 y 2023, año en que se reconfiguró en la UNDMO. El 53% de estos casos fueron cometidos con armas y dispositivos “menos letales”. A pesar de llevar esa denominación, este par de cifras muestran el potencial letal y los riesgos asociados al uso de dichas armas por parte de la fuerza pública, particularmente en escenarios de protesta social. 

Aunque existen algunos esfuerzos de regulación del comercio y del uso de armas y municiones menos letales a nivel nacional, regional e internacional, las violaciones a los derechos humanos con el uso de este armamento siguen siendo parte de la cotidianidad de la protesta social. 

En este contexto desde Temblores ONG hicimos Arenga, una herramienta lúdico-pedagógica que lanzamos el pasado 6 de junio. Se trata de una apuesta para difundir, a través del juego, información sobre los riesgos del uso de armas menos letales en escenarios de protesta como lo son las prácticas de disparo directo o las descargas prolongadas de pistolas eléctricas. Así mismo también contempla estrategias de cuidado como el uso del bicarbonato de sodio o el registro de violencias como una forma de mitigar los riesgos. 

A partir de la distribución del juego publicaremos el Fondo Arenga, un fondo destinado para apoyar los trabajos de memoria impulsados por colectivos de víctimas y por organizaciones barriales. 

Aquí pueden consultar la herramienta.

Temblores Ong